Miércoles, 28 de noviembre de 2007 La Jornada de Oriente - Puebla - Política
Martín Hernández Alcántara
Con seis sufragios a favor y cuatro en contra, pues uno de los ministros del pleno está ausente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó suprimir la agravante de protección a redes de pederastia y pornografía infantil del dictamen sobre las investigaciones a las violaciones cometidas en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, que implican, entre otros servidores públicos de Puebla y Quintana Roo, al gobernador poblano, Mario Marín Torres.
Sin embargo, la votación definitiva sobre el resolutivo elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza volvió a quedar en suspenso, pues la sesión de ayer fue consumida en su totalidad por una intensa discusión entre los ministros sobre el alcance de las indagatorias –especialmente si era prudente o no que se indagara acerca de la explotación infantil en el país– y el carácter con el que fue tomada la grabación de la conversación telefónica entre Mario Marín y Kamel Nacif Borge en los momentos posteriores al encarcelamiento de la autora de Los demonios del Edén, cuando ambos festejaban el acontecimiento.
Los ministros que votaron en pro de que se eliminara el capítulo concerniente a la violación de niños fueron: Margarita Beatriz Luna Ramos; José de Jesús Gudiño Pelayo; Mariano Azuela Güitrón; Sergio Valls Hernández; el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Los que se pronunciaron a favor de que la agravante permaneciera fueron el ministro ponente Juan Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Olga María del Carmen Sánchez Cordero.
En las sesiones en las que se ha abordado el caso ha estado ausente el ministro José Fernando Franco Salas, que completa la oncena del pleno.
No veo a “don Plutarco”: Anguiano
El principal opositor a la investigación sobre las redes de explotación de niños fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien en algunas de sus intervenciones llegó a la ironía y a la descalificación contra los comisionados encabezados por su homólogo Juan Silva Meza.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es, ni puede, ni debe tratar de constituirse en un súper fiscal, ni siquiera en un fiscal, ¡vamos, ni en un fiscal!, si trata de hacer cualquiera de esto estará fallando a su misión constitucional, y desde luego no estará actuando dentro de las atribuciones del párrafo segundo del artículo 97 constitucional. Yo pienso que en la especie la Comisión Investigadora extrapoló notoriamente el mandato que le dio el pleno, está extrapolando claramente el mandato y está metiéndose en temas que no eran de su incumbencia, temas todos ellos reprobables. Nadie puede contemporizar o poner bajo palio (sic) al delito, ni al delincuente, pero no es misión de la Suprema Corte ser fiscal o súper fiscal; mi energía en el reproche a todos esos delitos no puede ser inferior a la de todos ustedes, pero la Suprema Corte, en ejercicio de las atribuciones del párrafo segundo del 97, nada tenía que hacer en la especie, y por tanto, pienso que esta parte del estudio debe suprimirse porque la rechacemos” (sic), expresó la primera vez que tomó la palabra.
Más adelante, agregó: “No es la misión de la Suprema Corte señalar problemas de Estado. Yo creo que la misión de la Suprema Corte es en todo caso, encontrar la problemática con una asociación, con los temas relativos a la violación de derechos humanos de Lydia Cacho, pero si esto fuera, como se advierte por los comisionados, ¡qué pena!, ¡fracasaron monumentalmente!, ¡qué horror! Yo no he visto (nada) que vincule en esta averiguación a don Plutarco (Marín Torres), gobernador de Puebla, ni al señor Jean Succar Kuri (pederasta confeso) tampoco. Simplemente se hace ver que es un problema enorme el que tiene el país; se le pone a mi juicio una hipérbole desmedida (sic), y se agrega a esta investigación. Señores, ¡esto para mí es un parche mal pegado!”.
Investigación sustentada: Silva
En defensa, el ministro ponente Silva Meza manifestó que al solicitar la investigación del máximo tribunal del país el Congreso de la Unión incluso remitió una misiva al presidente de la misma informándole sobre un punto de acuerdo para condenar la violación de niños, por lo que el delito estaba implicado en las indagatorias.
“El interés que revelaron las Cámaras de Diputados y Cámara de Senadores fue primordialmente el de este eventual ataque a los derechos fundamentales de la niñez mexicana, y a partir de allí también solicitar el ejercicio de la facultad de investigación en relación a violación grave de garantías individuales de la periodista”, aseveró.
Luego, mencionó algunas de las fuentes consideradas en las pesquisas que dirigió. Se recurrió, apuntó, “a todo tipo de medios, e inclusive a obtener la información en las entidades federativas de Puebla, Quintana Roo, con las declaraciones; con los testimonios obtenidos de los procuradores de justicia; con la información recibida en la Procuraduría General de la República; copia de averiguaciones previas, listas de sitios web donde aparecen estas publicaciones de trata de menores que existen en el país; el informe del comisionado específico de la ONU para estos efectos también consta en autos”.
Agregó que en el dictamen también hay “diligencias donde se declararon, con presencia de abogados, con presencia de psicólogos, con presencia de las madres de las víctimas de este tipo de delitos que constan en autos, que están respaldando esta investigación, que están en los videos que han sido sometidos a su consideración; todos ellos para que no fuera solamente una investigación de localizar alguna información de internet y decir: ‘esto revela un problema grave’. Cada una de estas informaciones está perfectamente relacionada, está sustentada en un archivo electrónico de este aspecto de la investigación que tenía un lugar primordial, en tanto que éste era el problema, que de ser cierto, podría constituir un problema de Estado en la nación mexicana”.
Añadió que a todo lo anterior se debe sumar “que se violan garantías individuales de una periodista que en una obra literaria hace la denuncia correspondiente de la existencia de redes de pederastia, de protección a la misma, de aliento donde pueden estar interviniendo agentes de gobierno. Esto es ya la autoridad política en la denuncia de estos hechos. Eso es lo que motiva a la Comisión”.
Apoyando la eliminación de la indagatoria sobre pederastia, el ministro Sergio Valls Hernández indicó:
“Si bien lo investigado por la Comisión es absolutamente reprochable, siendo los menores de edad un sector que requiere total protección derivada de su propia condición vulnerable, también es cierto que su situación general no formaba parte de la investigación, ni puede sostenerse, que como la comisión advirtió otros hechos, podía investigarlos, pues, insisto, tales hechos necesariamente debían tener relación con este caso, pues de lo contrario se corre el riesgo de bifurcar investigaciones y terminar haciendo una investigación distinta dentro de otra, que además, por lo mismo, no sería suficiente, pues por ejemplo en este caso sólo se investigaron datos de algunas entidades federativas y del Distrito Federal”.
De inmediato, Aguirre Anguiano volvió a la carga y con sorna emitió:
“Me inquieta un poco la última propuesta del señor ministro Valls Hernández; ¿qué podemos hacer con lo que se llama probanzas (sic)?...yo pienso lo siguiente: que si estuviéramos hablando de un real contexto, pudiéramos a lo mejor tomar en cuenta lo que dice el señor ministro Valls; pero resulta que si, es contexto ¡qué contextillo!, ¡tomó en cuenta a Jalisco, a Puebla, a Quintana Roo y a la (Procuraduría) General de la República, ¡ah, perdón!, y a internet. ¿ése es el contexto nacional?”.
El ministro José Ramón Cossío Díaz, al ratificar su apoyo al dictamen original, dijo:
“En cuanto al tema de si se debiera o no resolver lo relacionado con las redes de pederastia, a mi parecer sí y por la siguiente razón: cuando aprobamos el proyecto, lo que sostuvimos es que se investigaran fundamentalmente los hechos del traslado, etcétera, lo que le llamamos concertación de autoridades o en su momento posible concertación de autoridades, pero adicionalmente se estableció que se podrían hacer consideraciones respecto a las posibles violaciones a los derechos humanos de los niños en el país, con motivo de la explotación sexual en general”.
“Yo, por esa razón –apuntó–, quería proponer una modificación en los puntos resolutivos, a efecto de que esta Suprema Corte, después de haber investigado estas condiciones, que insisto en el proyecto me parece que se debían vaciar más elementos que sí están consignados en el informe, hiciéramos una exhortación a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto federal como en los estados, para que emprendieran las acciones necesarias bajo sus competencias para el establecimiento yo, rehabilitación o restablecimiento de las instituciones de atención a la salud, de esparcimiento, de recuperación, de ayuda física o psicológica, de los menores, víctimas de dichos actos, para que, en su caso, se emitan leyes que garanticen la ejecución de las existentes y las reglamentaciones internacionales, con precisión de obligaciones y responsabilidades para las personas, empleados, servidores públicos o funcionarios que intervengan en instituciones públicas y privadas en la atención de los menores, y adicionalmente, para que se privilegie la investigación y resolución de todos los asuntos denunciados en relación a pornografía infantil y pederastia”.
Su sugerencia ni siquiera fue considerada.
Copyright 1999-2007 Sierra Nevada Comunicaciones - All rights reserved
Bajo licencia de Demos Desarrollo de Medios SA de CV
fd
