Acuerdo contra la violencia

Etcétera
31 de marzo, 2011
Fernando Mejía Barquera
http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=7218
Desde hace poco menos de un lustro, cuando las agresiones contra periodistas y medios por parte del “crimen organizado” comenzaron a crecer de manera exponencial, se empezó a hablar en el gremio periodístico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo relacionado con el tratamiento de la información vinculada con actividades como el narcotráfico para proteger la integridad de aquellos profesionales que tuvieran a su cargo la cobertura, pero también para que los periodistas y los medios no sirvieran como “voceros” de grupos delincuenciales al dar a conocer, por ejemplo, mensajes difundidos por éstos a través de mantas o colocados en los cuerpos de personas ejecutadas.

Debate en el gremio

Se hablaba en esos días de cosas como, por ejemplo, evitar que en las notas, reportajes o fotografías relacionadas con actos de narcotraficantes u otros grupos delincuenciales apareciera la firma del periodista que hubiera cubierto la información; que en los casos de narcomantas o narcomensajes pegados en cuerpos de ejecutados, en los que el texto tuviera la intención evidente de causar terror en la sociedad o la pretensión de amenazar a grupos delincuenciales antagónicos se omitiera el contenido; o que en los casos de asesinato, agresión, amenaza o secuestro de algún trabajador de la información, no se abandonara el seguimiento hasta la solución del caso.

La pregunta que circulaba en el gremio era si un acuerdo de ese tipo sería posible dada la natural competencia entre periodistas y medios por la información, y también se discutía acerca de qué periodista respetado por todos sus pares —si es que hay alguno— o qué grupos de periodistas serían capaces de darle forma a una iniciativa de esas características y, sobre todo, de convocar con éxito al conjunto de trabajadores de la información.

Se hablaba de un acuerdo promovido por periodistas y firmado por periodistas.

Medios, no periodistas

Finalmente, no fueron periodistas, sino propietarios de medios quienes tuvieron la iniciativa y la capacidad para convocar a más de 60 organizaciones —no todas dedicadas a la información y al periodismo— y a más de 500 ciudadanos —no todos ellos periodistas— a firmar un acuerdo editorial para el tratamiento de la información relacionada con la violencia en México.

Quizá el hecho de que la iniciativa no haya partido del gremio periodístico, algo que según quedó demostrado es muy difícil, ha hecho que este acuerdo, firmado la semana pasada, sea cuestionado por una buena cantidad de periodistas para quienes el documento constituiría una imposición de los dueños o directivos de empresas de comunicación.

Pero también las críticas se han producido por el hecho de que el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia constituyó “el número fuerte” en el acto de presentación de Iniciativa México 2011, un proyecto impulsado por Televisa, empresa cuyo número de impugnadores —al igual que de simpatizantes— forma legión.

Generalidad e imprecisión

Asimismo, el hecho de que el acuerdo haya sido “saludado” por Felipe Calderón y coincida con algunas de las peticiones que éste ha formulado a los medios para que no sean “voceros involuntarios” del crimen organizado, generó la sospecha de que la iniciativa habría sido negociada entre Los Pinos y los “grandes medios”.

Más allá del origen que haya tenido el acuerdo y de la entidad que tuvo el poder de convocatoria para promoverlo, es claro que el documento contiene lo mismo posturas con las que sería imposible estar en desacuerdo que propuestas difíciles de compartir, al igual que planteamientos imposibles de cumplir por su generalidad e imprecisión.

Difícilmente alguien estaría en desacuerdo con el numeral 8, que establece lineamientos para proteger a los periodistas; con el 9, que llama a “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”, o con el 6, que pide respetar los derechos de las víctimas de la violencia, especialmente si son menores de edad.

Otros, en cambio, son imprecisos: por ejemplo en el numeral 2, que llama a “no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia”, se pide “evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes”. ¿Cuáles son ese lenguaje y esa terminología? ¿De ahora en adelante no deberán aparecer notas con los términos “bajar”, “levantar”, “pozolear”, “halcones”?

Organismo vigilante

Pero seguramente uno de los puntos más discutibles del acuerdo es la creación de un órgano de observación que vigile “el apego de los medios a los criterios editoriales del acuerdo”. Aparte de la vigilancia, ¿cuál será la función del órgano de observación? ¿Amonestar? ¿Emitir extrañamientos? ¿Serán públicos los resultados a los que llegue ese observatorio?

El tiempo dirá si el acuerdo contribuye a mejorar la cobertura informativa sobre la violencia en México, o si por el contrario inhibe de alguna forma el ejercicio de la libertad informativa.



Este artículo se publicó en Milenio el día 31 de marzo de 2011, agradecemos al autor su autorización para reproducirlo en esta web.

Libertad de Expresión

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