Constitucional, Interrupción Legal del Embarazo

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Por Elsa Lever M.
Periodista con Maestría en Comunicación por la FCPyS de la UNAM, diplomada en Género por el PUEG de la UNAM, y en Feminismo por el CEIICH de la UNAM.
El 28 de septiembre es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. No tendría razón de ser, si no fuera por los millones de mujeres que mueren por abortos practicados en la precariedad y el riesgo que implica la clandestinidad.

En esta exigencia mundial, México ha dado un gran paso, cuando el 28 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que la ley en la capital mexicana que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las primeras doce semanas de gestación no contradice la Constitución, una resolución histórica y una de las más importantes en materia de derechos humanos a nivel de toda la historia de la Corte, pues por vez primera se hicieron pronunciamientos fuertes y expresos a favor de los derechos de las mujeres. Ha dejado de ser un delito para convertirse en derecho.

Pero no confundamos. No celebramos que las mujeres aborten. Nadie en su sano juicio puede considerar grandioso que las mujeres tangan que recurrir al aborto. Si la pobreza no existiera, o la ignorancia, la violencia y falta de educación sexual no fueran característica distintiva de nuestro país, seguramente los embarazos no deseados se contarían con los dedos.

Pero la realidad no es esa. La verdad es que millones de mujeres viven en la pobreza y la ignorancia, donde no existen los métodos anticonceptivos y ni siquiera la idea del derecho a la salud sexual y reproductiva. La verdad es que millones de mujeres no tienen suficiente educación sexual ni orientación familiar que las blinde ante el error o la duda. La verdad es que millones de mujeres mueren practicándose abortos clandestinos que elevan el riesgo de muerte o de complicaciones graves.

Entonces lo que celebramos no es que las mujeres aborten. Lo que aplaudimos es el reconocimiento constitucional de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a la maternidad voluntaria, y a la asistencia médica legal y segura ante la interrupción de un embarazo.

Que las mujeres decidan no interrumpir un embarazo depende de cambiar las condiciones sociales y económicas del país; de la información real y oportuna que las familias, la escuela, los medios y el Estado brinden a la sociedad. Depende de mejores oportunidades laborales, salarios y prestaciones; de relaciones de pareja más equitativas y respetuosas; de oportunidades de vivir con calidad.

Más de 30 años de lucha por la maternidad voluntaria hemos tenido en el país, y por fin, una respuesta más concreta. "Mujeres deciden, sociedad respeta y Estado garantiza".

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